30 junio, 2009
Categorías: General . . Autor: asmonteseirin . Comments: Deja un comentario
Y esto, más allá de la retórica, se traduce en que en la próxima década tenemos que ser capaces de generar un aumento sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Sevilla. Vivan en el barrio que vivan. Sea cual sea su condición social. De poco sirve crecer, hacernos competitivos, superar los atrasos y situarnos en las posiciones de cabeza, si no llegamos a hacer todo eso también en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades.
Por eso creo que el principal desafío urbano es mirar aún más a las personas, a todas las personas, empezando por las que, por una u otra causa, necesitan especial atención.Por eso, todos nuestros retos y sueños de futuro empiezan y terminan aquí, en las personas. Mejor calidad de vida material, con más empleo y de más calidad, con más vivienda y más accesible. Pero también mejor calidad de vida en lo referido a valores no materiales, pero que son claves: más y mejor educación, más y mejor seguridad global. Más y mejor cultura. Más y mejor cohesión social. Más convivencia, más respeto, más tolerancia.
Esos valores no nos son ajenos porque, de una o de otra forma, definen lo que en nuestra idea colectiva es Sevilla. Por eso, si ponemos en el centro de todo esos valores humanistas y sociales, estaremos haciendo que Sevilla sea aún más Sevilla.
“La ciudad nace del pensamiento, de la capacidad de imaginar un hábitat, no sólo una construcción para cobijarse, no sólo un templo o una fortaleza como manifestación de poder. Hacer ciudad es ordenar un espacio de relación, es construir lugares significantes de la vida común, la ciudad es pensar el futuro y luego actuar para realizarlo” .
“De este modo, una vez más, las ciudades han demostrado su capacidad para sedimentar las diferentes capas de su historia, es decir, su función de palimpsesto, pergaminos que no cambian sino que acogen sucesivamente escritos distintos”.
(*) Borja, Jordi. Renacimiento de las ciudades.
No es necesario que se explique el papel que desempeña una ciudad como Sevilla en nuestra Andalucía actual. Pero sí quiero detallar algunas cifras que, a mi juicio, son relevantes. Sevilla desempeña hoy día un papel protagonista como el principal centro de servicios y negocios del sur de España y como capital política y económica de Andalucía.
En la jerarquía urbana española, Sevilla es una ciudad de primera importancia demográfica y funcional, en un nivel inmediato a las aglomeraciones de Madrid y Barcelona. La región urbana de Sevilla engloba a más de 40 municipalidades, que forman un mismo mercado de trabajo local de 1.350.000 habitantes, de los que más de 700.000 residen en la ciudad central.Esta realidad convierte a Sevilla en la quinta mayor ciudad peninsular, la cuarta ciudad española y la primera de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Sevilla, como indicaba, es la capital de Andalucía y el principal referente urbano de esta región, una de las más extensas y la más poblada de la península ibérica.Como capital política y administrativa, Sevilla alberga la mayor parte de las instituciones de la Administración Autonómica de Andalucía, y los principales departamentos territoriales de la Administración del Estado.
El Rey Don Alfonso X el Sabio era un hombre de letras, culto e instruido aunque parece ser que no sabía demasiado del arte de gobernar, lo que llevó al descontento de su pueblo. A raíz de aquello las gentes se dividieron en dos bandos: los que apoyaban al rey Alfonso y los que seguían a su hijo, el príncipe Sancho, apoyado por su madre y esposa el rey, doña Violante. España se vio así envuelta en una dolorosa contienda entre padre e hijo. El ejército de don Sancho iba cada día ganando más adeptos y territorios y logró alzarse como rey en la mayor parte de España.
Sin embargo generosamente, no quiso atacar Sevilla, ciudad en la que el rey Don Alfonso, ya viejo y enfermo se había refugiado. En esta ciudad pasó Don Alfonso los últimos días de su vida, arropado por algunos fieles magnates y por todo el pueblo sevillano que se manifestó al anciano rey y se dispuso a servirle en todo.
Como signo de gratitud a esta lealtad concedió al Ayuntamiento de Sevilla un lema a modo de jeroglífico, formado por las sílabas NO y DO con una madeja en medio. Así la lectura de este criptograma es NO MADEJA DO, expresión fonética de la frase NO ME HA DEJADO, con la que el rey quería agradecer a Sevilla el hecho de que no le hubiera abandonado.
Este símbolo puede verse en el escudo de la ciudad así como en todo el mobiliario urbano y otras parcelas municipales.» (Escrito por Alex como «Personalissimo»)
(La Tribuna de Toledo)
«Los ayuntamientos de los trece municipios españoles que forman el Grupo de Ciudades Patrimonio lamentan que Icomos España se haya convertido en un ‘lobby’ encargado de generar duras polémicas en torno a la conservación del patrimonio. Las ciudades reconocen el papel de Icomos en la definición de los métodos de gestión del patrimonio para asegurar su conservación, pero consideran que el Comité Español, presidido por Rosa Suárez-Inclán Ducassi, no es leal con la ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad porque cuando cree que existe un problema de conservación siempre lo intentan solucionar sin diálogo directo con los ayuntamientos y mediante amenazas.
Tanto el Ministerio de Cultura como Icomos Internacional y la Unesco conocen perfectamente las difíciles relaciones entre Icomos España y la Ciudades Patrimonio, una relaciones casi inexistentes en los últimos meses tras las polémicas generadas por el Comité Español de Icomos con San Cristóbal de la Laguna y Santiago de Compostela. En Toledo los rifirrafes han sido de menor calado pero todavía está latente el conflicto existente en torno a la conservación de la Vega Baja y la aprobación del Plan de Ordenación Municipal. En este sentido, el Ayuntamiento de Toledo siempre ha lamentado que el interés de Icomos por el patrimonio siempre aparezca al final de los procesos administrativos y que nunca presenten alegaciones en los plazos abiertos al respecto.
Las relaciones entre ambas partes están tan deterioradas que el asunto estuvo en el orden del día de la asamblea ordinaria que las 13 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad mantuvieron el pasado 13 de marzo en Ibiza.
La reunión sirvió, entre otras cosas, para la creación o reactivación de cuatro nuevos grupos de trabajo que se dedicarán a las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Arqueología y Comunicación. De ellas, la Comisión de Arqueología tendrá por objeto revisar y poner en común el marco legal, así como analizar la problemática de gestionar el binomio arqueología-urbanismo.
En este sentido, las ciudades patrimonio decidieron crear un comité asesor al que podrán acudir los ayuntamientos de las ciudades patrimonio cuando crean que un proyecto urbanístico podría entrar en colisión con la protección del patrimonio.
Dicho Comité estará formado por un técnico del Ayuntamiento de la ciudad que plantea la cuestión, así como por otros tres técnicos en representación del resto de la ciudades patrimonio, un representante del Ministerio de Cultura, un representante de la Unesco y otro de Icomos Internacional. Es decir, Icomos España se queda fuera de un foro en el que se arbitraran soluciones válidas para conjugar el desarrollo actual con la conservación del patrimonio.
Las conclusiones del informe serán elevadas al Ayuntamiento que planteó la consulta, que tendrá desde ese momento los criterios que deberá seguir en la actuación que haya planteado y que al venir avalado por Icomos Internacional, Unesco y Ministerio de Cultura evitará las críticas del Comité Español de Icomos, que pierde de esta manera su capacidad de presión.»
Por encima de todo es la situación actual de crisis económica la que hoy marca la principal dificultad de Sevilla. Podemos asegurar, con los datos en la mano, que Sevilla está sufriendo menos el impacto de la crisis que otras ciudades. Y que algunos síntomas de recuperación, como la reducción del paro, están llegando antes aquí que a otras economías urbanas. Eso demuestra que la dirección estratégica que nos dimos es la adecuada: urbanismo productivo, crecimiento de la base industrial, desarrollo de infraestructuras,… Pero ahora de poco consuelo nos puede servir saber que hay otros que están peor que nosotros.
La situación de la crisis económica en Sevilla es muy seria. Los trabajadores y los empresarios bien lo saben.Es momento de medidas urgentes. Y en ese sentido, creo que el Estado, a través de sus diferentes administraciones, está respondiendo. Los ayuntamientos, en concreto, estamos abordando un importante programa de obras públicas que, en nuestro caso, además de generar contrataciones, está haciendo avanzar el modelo de ciudad.
El Correo de Andalucia 22/06/2009
J. Lucrecio Fernández
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar una sentencia en la que acepta la petición de un colectivo vecinal para paralizar la construcción de la nueva biblioteca de la Universidad de Sevilla en El Prado de San Sebastián. Al margen de las consideraciones que puedan esbozarse sobre la decisión, los fundamentos que sustentan el fallo requieren un análisis sosegado sobre sus repercusiones, más aún tras comprobar la disparidad de valoraciones que éste ha provocado entre los ciudadanos.
Pese la expectación creada, la sentencia dictada por el TSJA no es firme. Esa apreciación, trasladada a la práctica, se traduce en que las obras iniciadas en el solar de El Prado no se han paralizado. Es más, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a la que represento en Sevilla como delegado provincial en funciones, ya ha anunciado que interpondrá el preceptivo recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una iniciativa a la que se han adherido el Ayuntamiento de Sevilla y la propia Universidad de Sevilla. Es por tanto arriesgado aventurar que el proyecto esté abocado a su fracaso hasta que se produjese la hipotética confirmación del fallo por el máximo órgano que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
Al margen de esa puntualización, la decisión del TSJA obligaría a replantear fundamentos que parecían asumidos como prácticas habituales en la actuación de las Administraciones Públicas. El más importante, sin duda, atañe a la potestad de los ayuntamientos, en este caso el de Sevilla, para determinar, en el marco de las competencias que la ley les atribuye, las líneas maestras de su propio planeamiento urbanístico.
No hace falta reseñar, a estas alturas, que esa actuación debe estar regida en todo momento por el escrupuloso respeto a la normativa vigente, evitando de esa forma cualquier atisbo de irregularidad. Sin embargo, la sentencia cuestionaría la capacidad de los consistorios para redefinir el diseño de sus propios municipios, de sus prioridades, y la respuesta a las necesidades sociales en su ámbito de actuación, en aras siempre del interés general de sus ciudadanos.
Dicho de otro modo, lo que se somete a revisión es la potestad del Ayuntamiento de Sevilla, ratificada por la Junta de Andalucía en su día, de otorgar la condición de uso educativo a un solar calificado como zona verde en un planeamiento urbanístico anterior. Poner en duda ese criterio, que persigue dotar a la ciudad de una infraestructura necesaria en un enclave privilegiado, supondría negar la condición de los municipios como espacios vivos, en continua actualización, y cuestionar los mecanismos que le permiten adaptarse a los retos del presente y, más aún, del futuro. En este caso, la decisión de redirigir la utilización del suelo contaba con el respaldo del Consistorio de Sevilla, de la Administración andaluza y de la propia Universidad de Sevilla, la impulsora del proyecto.
El fallo, por añadidura, somete también a examen la definición del interés general. Con el máximo respeto hacia el colectivo vecinal que impulsa la actuación judicial y su derecho indudable a ejercerla, sería conveniente analizar si su posición compensa al volumen de población afectada por la paralización del proyecto de la biblioteca, en el caso de que finalmente se produzca. Ese interés general, por pura definición, lo defienden también el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, que ya contemplaron el beneficio ciudadano como argumento principal para variar la calificación de la zona sobre la que se acometen las obras.
Son sólo algunas de las consideraciones que se desprenden de una sentencia que, insisto, no ostenta la condición de definitiva y sobre la que ahora deberá determinar el Tribunal Supremo.
Secretario general técnico de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y delegado provincial en funciones.