La Universidad de Sevilla rescata el informe de los profesores depurados

 

archivoEl Archivo histórico de la Hispalense conserva dos documentos que resultarán esenciales para reparar el daño causado por el régimen.

“Rafael Pina Millán: diputado a Cortes de Unión Republicana con intensas actividades políticas de carácter extremista”. Esta escueta sentencia supuso para este profesor de Derecho la pérdida de su plaza en la Universidad de Sevilla el 24 de septiembre de 1937.

Rafael Pina fue uno más de los muchos catedráticos, profesores, administrativos y auxiliares represaliados tras estallar la guerra civil y durante la dictadura. A todos ellos, la institución los rehabilitará moralmente y los acogerá de nuevo “como miembros de la comunidad universitaria” una vez aprobada esta semana en el Claustro una declaración institucional condenando las sanciones impuestas por “motivos políticos e ideológicos” al personal de la Universidad.

El Archivo histórico de la Hispalense conserva dos documentos que resultarán esenciales para esa labor de reparación del daño causado por el régimen. Legajo 1992-10. Depuración del personal de la Universidad. En él se guarda el informe, firmado por el entonces rector Mota Salado, en el que, a modo de ficha policial, se evalúa a todos y cada uno de los miembros de la Universidad. Estas actas de la vergüenza se enviaron a la comisión de cultura y enseñanza, encargada de sancionar por “conducta antipatriótica o amoral” a aquellos que considerara subversivos. Carpeta 3,334. Personal sancionado de todos los centros (año 1941). Juan María Aguilar y Calvo (Facultad de Letras), Pedro Castro Barea (Facultad de Ciencias) y Felipe González Vicén, Manuel Martínez Pedroso, Rafael Pina Millán, José Quero Morales y José A. Rubio Sacristán (Facultad de Derecho) fueron suspendidos y apartados de la Universidad de Sevilla. Los de Medicina tuvieron suerte. Ninguno fue represaliado.

No ocurrió lo mismo con el plantel de la Universidad de Cádiz, a la que la comisión de cultura y enseñanza envió varios telegramas (se conservan en el Archivo histórico de la Hispalense) instándole a remitir “apremiantemente” los expedientes del profesorado. Las exigencias a partir del 36 se fueron sucediendo y haciéndose cada vez más autoritarias. El rector Mota Salado firmó varias órdenes instando a muchos de los que después fueron sancionados a que indicaran “en el plazo de diez días” su domicilio. sesenta años después.

Setenta años después, la Universidad de Sevilla reparará el “honor y la dignidad” de todos aquellos profesores a los que el régimen mandó a las galeras. El Claustro -el parlamento universitario- calificó la declaración institucional aprobada por unanimidad esta semana como un acto de “triple exigencia de verdad, justicia y reparación en relación con nuestro pasado reciente”, y la enmarcó en un acto de “compromiso presente y futuro con los valores democráticos en que se fundamenta la convivencia civil y que son inseparables del espíritu de respeto y tolerancia consustancial con la institución universitaria”.

 

 

Carlota Muñoz,El Correo de Andalucía ,16/10/2009

 

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